LA PARADOJA DEL DESARROLLO: UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REALIDAD SOCIOPOLÍTICA Y ECONÓMICA DE COSTA RICA EN EL CONTEXTO CENTROAMERICANO

Costa Rica ha sido históricamente destacada como un caso excepcional en Centroamérica. Conocida por su estabilidad democrática, abolición del ejército desde 1949, inversión en educación y salud pública, y compromiso con la conservación ambiental, el país ha proyectado una imagen de "Suiza centroamericana" que contrasta con las realidades más turbulentas de sus vecinos regionales. Sin embargo, esta narrativa de excepcionalismo costarricense merece un análisis crítico más profundo que revele las contradicciones y desafíos estructurales que persisten y se agravan con el paso del tiempo.

Por lo general, en Costa Rica y en la historia de América Latina, aquellos que, con su ideología y partidos, logran convencer de su idoneidad y capacidad para "sacar al país adelante" en las campañas electorales (un festín de millones en publicidad e imagen), al tener las condiciones políticas para actuar, se encuentran con un mecanismo económico y judicial incoherente con la eficiencia y la moral propia de una sociedad culta y consciente de sus propios errores. Así, la sociedad tecnológica capitalista intenta resolver las graves consecuencias ambientales y de clase social con más capitalismo y consumismo de productos y servicios como solución a las causas de sus problemas, originados por las mismas ideas y mecanismos económicos que los llevan a las causas principales de sus dificultades cada cuatro años, en una interminable rueda de depredación e inequidad social, normalizando la corrupción y la incapacidad de tomar decisiones y proyectos que resuelvan, al fin, las causas de sus desventuras.

Este artículo propone un análisis crítico y constructivo de las causas profundas de los problemas sociopolíticos y económicos que enfrenta Costa Rica en el contexto centroamericano, examinando las estructuras que perpetúan ciclos de desigualdad, insostenibilidad ambiental y debilidad institucional, para finalmente proponer alternativas concretas de transformación sistémica.

I. El Espejismo de la Excepcionalidad Costarricense

La Construcción del Mito y su Contraste con la Realidad Actual

Costa Rica ha cultivado una imagen internacional de excepcionalidad en la región centroamericana fundamentada en pilares como su tradición democrática ininterrumpida desde 1949, la abolición del ejército, un sistema de bienestar social relativamente robusto y su compromiso con la conservación ambiental. Este relato oficial, sin embargo, contrasta cada vez más con una realidad marcada por profundas contradicciones estructurales.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para 2023 la pobreza afectaba al 26.3% de los hogares costarricenses, mientras que la desigualdad medida por el coeficiente de Gini se mantenía en niveles preocupantes alrededor del 0.51, uno de los más altos de la OCDE, organización a la que Costa Rica ingresó en 2021 como miembro número 38 [1]. Paralelamente, el déficit fiscal ha alcanzado aproximadamente el 5.3% del PIB, convirtiéndose en una preocupación central para la estabilidad económica del país [2].

La imagen de "país verde" también presenta contradicciones significativas. Aunque cerca del 25% del territorio nacional está bajo alguna categoría de protección ambiental según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), problemas como la expansión de monocultivos (especialmente piña y palma aceitera), la contaminación de acuíferos por agroquímicos, la deforestación en zonas no protegidas y el desarrollo turístico no planificado evidencian las fisuras del modelo de desarrollo sostenible [3].

Comparativa Regional: ¿Es Costa Rica Realmente una Excepción?

En el contexto centroamericano, Costa Rica efectivamente presenta indicadores socioeconómicos superiores al promedio regional. Con un PIB per cápita de aproximadamente USD 12,500 (2022) según el Banco Mundial, supera significativamente a países como Nicaragua (USD 2,100), Honduras (USD 2,800) y Guatemala (USD 4,600) [4]. Sin embargo, esta ventaja comparativa oculta realidades complejas:

• La brecha entre zonas urbanas y rurales dentro de Costa Rica es comparable a la de otros países de la región, con cantones fronterizos y costeros que presentan índices de desarrollo humano significativamente inferiores al promedio nacional.
• El crecimiento económico de Costa Rica se ha desacelerado en comparación con algunos de sus vecinos. Mientras Panamá ha mantenido tasas de crecimiento superiores al 4% anual en la última década (pre-pandemia), Costa Rica ha promediado aproximadamente un 2.5% [5].
• La informalidad laboral, aunque menor que en otros países centroamericanos, afecta a aproximadamente el 45% de la fuerza laboral costarricense según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), limitando el acceso a la seguridad social y perpetuando ciclos de precariedad [6].

Esta realidad sugiere que, más que una excepción absoluta, Costa Rica representa una variación dentro de patrones estructurales compartidos en toda la región centroamericana, determinados por la inserción subordinada en la economía global, la dependencia de capitales extranjeros y la persistencia de modelos extractivistas de desarrollo.

II. Crisis Estructural del Modelo de Desarrollo Costarricense

Del Estado Benefactor al Neoliberalismo: Rupturas y Continuidades

El modelo de desarrollo costarricense experimentó una profunda transformación a partir de la crisis de la deuda externa de inicios de los años 1980. El robusto Estado benefactor construido entre las décadas de 1950 y 1970, caracterizado por la nacionalización bancaria, la creación de empresas públicas estratégicas y la expansión de servicios sociales universales, dio paso gradualmente a un modelo neoliberal impulsado por programas de ajuste estructural.

La implementación de políticas de apertura comercial, privatización de activos públicos, diversificación productiva orientada a la exportación y atracción de inversión extranjera directa transformó profundamente la estructura económica y social del país. Este proceso incluyó:

• La firma de múltiples tratados de libre comercio, siendo el más controversial el DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos), ratificado en 2007 tras un polarizante referéndum.
• La apertura de monopolios estatales en sectores estratégicos como telecomunicaciones y seguros.
• La transición de una economía basada en la agroexportación tradicional (café y banano) hacia un modelo diversificado que incluye turismo, servicios, manufactura de alta tecnología y agricultura no tradicional.

Estos cambios produjeron resultados mixtos. Por un lado, permitieron una modernización económica y tecnológica significativa, con la instalación de empresas transnacionales como Intel, Amazon y numerosas compañías de servicios compartidos que generaron empleo calificado. Por otro lado, profundizaron la desigualdad social, debilitaron instituciones públicas clave como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y crearon una economía dual con sectores de alta productividad desconectados del tejido empresarial local.

La Insostenibilidad Fiscal como Síntoma de Contradicciones Estructurales

La crisis fiscal que enfrenta Costa Rica, con un déficit crónico superior al 5% del PIB y una deuda pública que ronda el 70% del PIB según el Ministerio de Hacienda [7], no es meramente un desbalance contable, sino el síntoma de contradicciones estructurales profundas:

1. Ineficiencia recaudatoria y evasión fiscal: El sistema tributario costarricense se caracteriza por una baja presión tributaria (aproximadamente 13% del PIB, por debajo del promedio de la OCDE de 34%), alta evasión fiscal (estimada en 8% del PIB) y numerosas exenciones que benefician primordialmente a sectores económicos poderosos. La reforma fiscal aprobada en 2018 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) resultó insuficiente para resolver estos problemas estructurales [8].
2. Rigidez del gasto público: Aproximadamente el 95% del presupuesto nacional está comprometido por mandatos constitucionales, leyes específicas y servicios de deuda, dejando escaso margen para la inversión pública estratégica.
3. Modelo de incentivos fiscales cuestionable: Los regímenes de Zonas Francas han atraído inversión extranjera directa pero a costa de significativas exoneraciones fiscales que no siempre generan los encadenamientos productivos esperados con la economía local.
4. Deterioro de servicios públicos clave: Instituciones emblemáticas como la CCSS enfrentan crisis financieras recurrentes, mientras la infraestructura pública (especialmente en transporte) muestra un grave deterioro por décadas de subinversión.

La aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2021 por USD 1,778 millones representó un intento de estabilización fiscal, pero las medidas de austeridad asociadas han generado resistencia social por su impacto en sectores vulnerables [9].

Desigualdad y Exclusión: Las Dos Caras del "Éxito" Económico

El modelo de desarrollo actual ha producido resultados paradójicos. Mientras zonas como el Gran Área Metropolitana, particularmente sectores como Santa Ana, Escazú y Heredia, experimentan un boom inmobiliario y comercial comparable a ciudades de países desarrollados, otras regiones como la zona sur, el Pacífico central, la zona norte y el Caribe evidencian estancamiento económico y deterioro social.

El Índice de Desarrollo Social elaborado por MIDEPLAN revela que de los 82 cantones del país, aproximadamente 32 presentan índices de desarrollo bajo o muy bajo, concentrados principalmente en zonas fronterizas y costeras [10]. Esta brecha territorial se traduce en:

• Concentración de infraestructura y servicios de calidad en la GAM.
• Disparidades educativas significativas: mientras las escuelas y colegios privados y públicos de zonas urbanas privilegiadas muestran indicadores comparables a países desarrollados, centros educativos en zonas rurales y urbano-marginales enfrentan problemas básicos de infraestructura, conectividad y calidad docente.
• Acceso desigual a empleo formal y bien remunerado.
• Persistencia de bolsones de pobreza extrema, particularmente en comunidades indígenas y zonas fronterizas.

La pandemia del COVID-19 exacerbó estas desigualdades. Según datos del INEC, mientras el desempleo nacional alcanzó picos históricos superiores al 20% durante 2020, su distribución fue altamente desigual, afectando desproporcionadamente a mujeres, jóvenes, trabajadores con menor escolaridad y habitantes de regiones periféricas [11].

III. La Crisis de Representatividad Política y Gobernabilidad

Fragmentación del Sistema de Partidos y sus Implicaciones

El sistema político costarricense ha experimentado una fragmentación sin precedentes en las últimas dos décadas. Del tradicional bipartidismo dominado por el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) entre 1982 y 2002, se ha transitado a un multipartidismo fragmentado donde ninguna fuerza política logra mayorías legislativas sólidas.

La Asamblea Legislativa actual (2022-2026) alberga siete partidos con representación significativa, dificultando la formación de coaliciones estables. Esta fragmentación tiene múltiples causas:

• Crisis de credibilidad de los partidos tradicionales tras escándalos de corrupción que involucraron a expresidentes y altos funcionarios a inicios de los 2000.
• Emergencia de nuevos clivajes políticos más allá del tradicional eje izquierda-derecha, particularmente en torno a temas valóricos, ambientales y anticorrupción.
• Personalización de la política con candidaturas que dependen más del carisma individual que de estructuras partidarias sólidas.

Las consecuencias para la gobernabilidad son significativas:

1. Parálisis legislativa frecuente y dificultad para aprobar reformas estructurales necesarias.
2. Gobiernos que asumen el poder con minoría parlamentaria, limitando su capacidad de implementación de agendas programáticas.
3. Volatilidad electoral que dificulta la continuidad de políticas públicas de largo plazo.

La Desconfianza Institucional y el Auge de Discursos Antisistema

Paralelo a la fragmentación partidaria, Costa Rica experimenta un deterioro significativo de la confianza ciudadana en sus instituciones democráticas. Según el Latinobarómetro, el apoyo a la democracia en Costa Rica, históricamente uno de los más altos de América Latina, ha disminuido de niveles superiores al 80% en los años 1990 a aproximadamente 63% en mediciones recientes [12].

Instituciones emblemáticas del Estado costarricense como el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa enfrentan niveles históricos de desaprobación ciudadana. El Estudio de Opinión Sociopolítica del CIEP-UCR muestra que la confianza en el Poder Judicial ha caído por debajo del 40%, mientras que la Asamblea Legislativa apenas alcanza un 15% de aprobación [13].

Este descontento institucional ha abonado el terreno para discursos políticos antisistema y populistas que cuestionan los fundamentos del modelo democrático costarricense y prometen soluciones simplistas a problemas complejos. El ascenso electoral de figuras outsider, algunas con retórica abiertamente autoritaria o fundamentalista religiosa, representa un desafío significativo para la tradición democrática del país.

La Captura del Estado por Intereses Corporativos y Grupos de Poder

Un fenómeno menos visible pero igualmente preocupante es la creciente captura del Estado costarricense por grupos de interés económico que influyen desproporcionadamente en la política pública y la legislación. Esta dinámica se manifiesta en:

• El financiamiento político opaco, donde grandes contribuyentes privados ejercen influencia desmedida en partidos y candidatos.
• La "puerta giratoria" entre el sector privado y el público, con funcionarios que transitan entre reguladores y sectores regulados.
• El lobby corporativo no regulado que influye en la toma de decisiones legislativas y ejecutivas.
• La concentración mediática que limita la pluralidad informativa y el debate público robusto.

Casos emblemáticos como el denominado "Cementazo" (2017-2018), que involucró a altos funcionarios judiciales, bancarios y políticos en un esquema de tráfico de influencias para beneficiar a un empresario del sector cemento, evidencian la vulnerabilidad institucional ante la captura por intereses privados [14].

IV. Contradicciones del Modelo Ambiental Costarricense

Entre la Conservación y el Extractivismo: Paradojas del "País Verde"

La imagen internacional de Costa Rica como líder ambiental se sustenta en logros significativos: reversión de la deforestación (de 75% de cobertura forestal perdida a mediados del siglo XX a una recuperación que supera el 50% actualmente), un sistema de áreas protegidas que abarca aproximadamente el 25% del territorio nacional, y una matriz eléctrica que depende en más del 98% de fuentes renovables según el Instituto Costarricense de Electricidad [15].

Sin embargo, este modelo de conservación coexiste paradójicamente con prácticas productivas altamente extractivas y contaminantes:

1. Expansión de monocultivos agroindustriales: Costa Rica es el mayor exportador mundial de piña, con más de 40,000 hectáreas dedicadas a este cultivo intensivo que ha generado significativa contaminación de acuíferos con agroquímicos en zonas como Siquirres y Buenos Aires [16].
2. Uso intensivo de agroquímicos: El país mantiene uno de los índices más altos de uso de agroquímicos por hectárea en el mundo (aproximadamente 18.2 kg/ha según la FAO), causando problemas de salud pública en zonas agrícolas y contaminación de ecosistemas [17].
3. Desarrollo inmobiliario y turístico no planificado: Zonas costeras como Guanacaste y el Pacífico Central han experimentado un desarrollo turístico e inmobiliario acelerado, frecuentemente con escasa planificación territorial y sobreexplotación de recursos hídricos.
4. Gestión deficiente de residuos: A pesar de su imagen verde, Costa Rica enfrenta serios problemas de contaminación por plásticos, manejo inadecuado de residuos sólidos y contaminación de ríos urbanos como el Tárcoles y el Virilla.

Esta contradicción revela las limitaciones de un modelo ambiental que ha priorizado la conservación de áreas específicas sin transformar sustancialmente las lógicas productivas y de consumo dominantes.

El Cambio Climático como Amplificador de Vulnerabilidades

Costa Rica ha asumido compromisos ambiciosos en materia climática, incluyendo su Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, que busca alcanzar emisiones netas cero a mediados de siglo. Sin embargo, el país enfrenta crecientes impactos climáticos que evidencian vulnerabilidades estructurales:

• Aumento de eventos hidrometeorológicos extremos que afectan desproporcionadamente a comunidades empobrecidas en zonas de riesgo.
• Presión sobre recursos hídricos, con conflictos crecientes por el agua en regiones como Guanacaste.
• Impactos en la producción agrícola, particularmente en cultivos sensibles como el café.
• Erosión costera y afectación a comunidades costeras e infraestructura turística.

Según estimaciones del Ministerio de Ambiente y Energía, los costos económicos acumulados del cambio climático para Costa Rica podrían alcanzar el 38% del PIB hacia 2025 si no se implementan medidas de adaptación efectivas [18].

Tensiones entre Modelo Energético Limpio y Demandas de Desarrollo

El sector eléctrico costarricense, dominado por fuentes renovables (principalmente hidroeléctrica, geotérmica, eólica y solar), representa un caso exitoso de transición energética. Sin embargo, este logro contrasta con un sector transporte altamente contaminante que depende casi exclusivamente de combustibles fósiles y genera aproximadamente el 54% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero [19].

El modelo energético enfrenta desafíos significativos:

1. Conflictos socioambientales por proyectos hidroeléctricos: Proyectos como el fallido Diquís han generado resistencia de comunidades indígenas y ambientalistas por sus impactos en territorios ancestrales y ecosistemas.
2. Dilemas de planificación energética: El debate sobre la necesidad de diversificar la matriz eléctrica ante la variabilidad climática creciente versus los impactos de nuevos proyectos hidroeléctricos o geotérmicos.
3. Transición en movilidad: Los altos costos de vehículos eléctricos y la deficiente infraestructura de transporte público limitan la transición hacia una movilidad baja en emisiones.

Estas tensiones evidencian que las políticas ambientales y energéticas costarricenses, aunque progresistas en el contexto regional, no han logrado resolver contradicciones fundamentales del modelo de desarrollo.

V. Propuestas para una Transformación Sistémica

Ante los desafíos estructurales analizados, es necesario articular propuestas de transformación que aborden causas fundamentales y no meramente síntomas superficiales. Estas propuestas buscan trascender el ciclo de soluciones parciales y cortoplacistas que han caracterizado la política costarricense en décadas recientes.

Reforma Fiscal Integral con Enfoque de Justicia Distributiva

Una reforma tributaria estructural que vaya más allá de ajustes paramétricos requiere:

1. Progresividad efectiva: Fortalecimiento del impuesto sobre la renta con tasas marginales más altas para grandes patrimonios e ingresos elevados, reduciendo la dependencia de impuestos indirectos regresivos como el IVA.
2. Fiscalidad verde: Implementación de impuestos ambientales que graven actividades contaminantes y extractivas, creando incentivos para la transformación productiva sostenible.
3. Combate efectivo a la evasión y elusión fiscal: Fortalecimiento técnico y político de la administración tributaria, reducción de exoneraciones injustificadas y adopción de estándares internacionales contra la evasión.
4. Reforma del gasto público: Evaluación rigurosa de programas para eliminar duplicidades, focalizar subsidios y maximizar el impacto social del gasto.
5. Transparencia fiscal: Creación de mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana en el ciclo presupuestario.

Hacia un Nuevo Modelo Económico de Desarrollo Inclusivo y Sostenible

La transformación del modelo productivo requiere intervenciones sistémicas:

1. Política industrial estratégica: Identificación y apoyo a sectores con potencial de generación de empleo de calidad, desarrollo tecnológico y sostenibilidad ambiental, como energías renovables, bioeconomía, economía circular y servicios intensivos en conocimiento.
2. Fortalecimiento de encadenamientos productivos: Políticas activas para vincular empresas transnacionales con proveedores locales, especialmente PYMES, mediante incentivos condicionados a la transferencia tecnológica y el valor agregado local.
3. Economía social y solidaria: Apoyo a cooperativas, empresas sociales y emprendimientos comunitarios como alternativas al modelo corporativo dominante, particularmente en zonas rurales y periféricas.
4. Banca para el desarrollo efectiva: Transformación de la banca pública para priorizar financiamiento accesible a sectores estratégicos y poblaciones históricamente excluidas del crédito formal.
5. Política territorial: Inversiones públicas compensatorias en regiones históricamente marginadas, con énfasis en infraestructura digital, educativa, sanitaria y de transporte.

Regeneración de la Institucionalidad Democrática

La recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas requiere:

1. Reforma política integral: Modificación del sistema electoral para equilibrar representatividad y gobernabilidad, financiamiento público transparente de partidos políticos, y fortalecimiento de mecanismos de democracia directa y participativa.
2. Regulación efectiva del lobby: Creación de registros públicos de cabilderos, transparencia en reuniones entre funcionarios y representantes de intereses particulares, y períodos de "enfriamiento" para la "puerta giratoria" entre sector público y privado.
3. Modernización de la gestión pública: Digitalización de trámites, simplificación administrativa y fortalecimiento del servicio civil basado en mérito y capacidades técnicas.
4. Acceso a la justicia: Reformas procesales para garantizar justicia expedita para toda la población, particularmente para grupos históricamente discriminados.
5. Medios públicos robustos y educación cívica: Fortalecimiento de medios independientes con financiamiento público transparente y programas educativos que fomenten valores democráticos y pensamiento crítico.

Transición Ecológica Justa e Integral

La superación de las contradicciones ambientales requiere:

1. Ordenamiento territorial vinculante: Implementación efectiva de planes reguladores en todos los cantones, con criterios de sostenibilidad ambiental, adaptación al cambio climático y justicia espacial.
2. Transformación agrícola: Programas de reconversión progresiva de monocultivos hacia sistemas agroecológicos diversificados, reducción programada del uso de agroquímicos y apoyo a circuitos cortos de comercialización.
3. Revolución en movilidad: Inversión masiva en transporte público eléctrico (incluyendo un sistema de trenes modernizado), infraestructura ciclista segura, electrificación progresiva del transporte privado y rediseño urbano para ciudades transitables.
4. Gestión del agua como bien común: Fortalecimiento de la gobernanza participativa de acuíferos y cuencas hidrográficas, con participación efectiva de comunidades en la toma de decisiones.
5. Transición justa: Programas de capacitación y apoyo para trabajadores de sectores que deben transformarse o reducirse en una economía descarbonizada, garantizando que la transición ecológica no amplíe desigualdades existentes.

Conclusión: Hacia un Nuevo Pacto Social Costarricense

Las contradicciones analizadas en este artículo no son meramente desafíos técnicos que pueden resolverse con ajustes marginales al modelo vigente. Representan crisis estructurales interconectadas que requieren repensar fundamentalmente el contrato social costarricense en el siglo XXI.

La historia costarricense demuestra la capacidad del país para reinventarse en momentos críticos, como ocurrió tras la guerra civil de 1948 con la construcción de un Estado social de derecho excepcional en el contexto centroamericano. El momento actual demanda una transformación de similar envergadura, que integre las lecciones de aquel período fundacional con los desafíos contemporáneos de sostenibilidad ambiental, inclusión digital, igualdad de género y justicia intergeneracional.

Este nuevo pacto social requiere trascender la lógica de ciclos electorales cortoplacistas y reconstruir consensos fundamentales sobre el tipo de sociedad a la que aspira Costa Rica. Implica reconocer que la verdadera excepcionalidad costarricense no reside en una idealización acrítica del pasado, sino en la capacidad colectiva para confrontar honestamente sus contradicciones y construir alternativas innovadoras basadas en sus fortalezas históricas de diálogo democrático e inversión social.

En un contexto centroamericano marcado por autoritarismos, violencia y deterioro democrático, Costa Rica tiene la oportunidad y responsabilidad de demostrar que otro modelo de desarrollo es posible: uno que armonice prosperidad económica con justicia social, conservación ambiental con transformación productiva, y estabilidad democrática con innovación institucional. Este desafío requiere no solo liderazgo político renovado, sino también una ciudadanía crítica, participativa y comprometida con la construcción colectiva de un futuro más justo y sostenible.

Referencias

[1] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2023). Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2023. https://www.inec.cr/

[2] Ministerio de Hacienda de Costa Rica. (2023). Cifras Fiscales 2023. https://www.hacienda.go.cr/

[3] Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). (2022). Informe Anual de Áreas Silvestres Protegidas. https://www.sinac.go.cr/

[4] Banco Mundial. (2022). Indicadores de Desarrollo Mundial. https://datos.bancomundial.org/

[5] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2023. https://www.cepal.org/

[6] Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2022). Panorama Laboral 2022 para América Latina y el Caribe. https://www.ilo.org/

[7] Ministerio de Hacienda de Costa Rica. (2023). Estadísticas de Deuda Pública. https://www.hacienda.go.cr/

[8] Contraloría General de la República de Costa Rica. (2022). Informe sobre Evasión Fiscal. https://www.cgr.go.cr/

[9] Fondo Monetario Internacional (FMI). (2021). Acuerdo de Servicio Ampliado para Costa Rica. https://www.imf.org/

[10] Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). (2022). Índice de Desarrollo Social 2022. https://www.mideplan.go.cr/

[11] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2021). Encuesta Continua de Empleo 2020-2021. https://www.inec.cr/

[12] Corporación Latinobarómetro. (2023). Informe Latinobarómetro 2023. https://www.latinobarometro.org/

[13] Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR). (2023). Estudio de Opinión Sociopolítica. https://ciep.ucr.ac.cr/

[14] Poder Judicial de Costa Rica. (2019). Informe Final Caso Cementazo. https://poder-judicial.go.cr/

[15] Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). (2022). Generación y Demanda: Informe Anual 2022. https://www.grupoice.com/

[16] Programa Estado de la Nación. (2022). Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. https://estadonacion.or.cr/

[17] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2021). Estadísticas sobre uso.

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